Deniegan la eutanasia a Trashorras, el condenado por el 11M al que le falta «asistencia sanitaria debida» en prisión

Blog29 de marzo de 2024

La solicitud de eutanasia presentada por José Emilio Suárez Trashorras a principios de este mes ha sido rechazada por la Comisión de Garantía y Evaluación del Principado de Asturias, al considerar que no se dan las condiciones que exige la ley en el caso del minero jubilado, condenado por facilitar los explosivos para los atentados del 11M. «Es una situación que requiere reflexión», valoraba ayer el psiquiatra Julio Bobes, médico propuesto por Suárez Trashorras en una petición de eutanasia que el recluso fundamentó en la falta de la asistencia médica que padece en el centro penitenciario de Asturias.

La petición de eutanasia coincidió con las vísperas del 20.º aniversario del mayor atentado de la historia de España, por el que fue condenado a 34.715 años de prisión, aunque como máximo cumplirá 40 años, y también con denuncias sindicales sobre la falta de personal sanitario en la prisión asturiana. Menos de cuatro semanas después la comisión de Garantía y Evaluación del Principado considera que hay alternativas a la aplicación de la ley de eutanasia a Trashorras, quien «tras dos décadas privado de libertad tiene por delante otros veinte años en la misma situación», subrayó el psiquiatra Julio Bobes, quien precisó que en la actualidad solo hay dos centros penitenciarios en toda España con atención a reclusos que padecen enfermedades relacionadas con la salud mental, que son Fontcalent (Alicante) y Sevilla-2. En el caso del centro penitenciario asturiano, existe un convenio entre el sistema regional de salud de Principado y la secretaría general de Instituciones Penitenciarias para que haya unas horas de atención semanales, «pero no hay médicos de familia y con los psiquiatras pasa lo mismo», explicó Bobes.

«Fuera de la norma»

La situación en la que se encuentra Suárez Trashorras merece, a juicio de Bobes, «una reflexión» porque por su singularidad «se sale de lo que es la norma». Se trata de una persona «con una enfermedad mental grave», que ya había sido jubilado de su actividad profesional de minero antes de su detención en relación a los atentados yihadistas en Madrid. En opinión del psiquiatra, «este es un caso muy didáctico porque a la privación de libertad se une la falta de la asistencia sanitaria debida, lo que no es algo menor. Estamos ante una sobrecondena». Otra de las dificultades apuntadas por el psiquiatra es que se trata de un paciente que «por momentos no tiene conciencia de estar enfermo, lo que repercute directamente en su tratamiento».